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El limbo jurídico que enfrentan los migrantes cubanos que han sido forzados a quedarse en Panamá, a pesar de que su meta era llegar a Estados Unidos, está intensificando sus tragedias personales y familiares. Pastoral Social Cáritas Panamá de la Iglesia católica ha tenido que dar la cara por el país. Desde el mes de agosto del año pasado, el Gobierno dejó de suministrar los alimentos para atender a los 225 migrantes hacinados en las instalaciones de Cáritas. Fue el Estado panameño el que permitió su entrada a nuestro territorio, sabiendo las condiciones y los riesgos que ese recorrido implicaba. Nadie obligó al Gobierno de la República de Panamá a recibirlos, por lo que ahora es responsabilidad de nuestro país atenderlos. No hay soluciones fáciles para estos soñadores que aspiraban a una mejor condición de vida que no se pudo concretar por la geopolítica internacional. Es hora de que el Estado tome una decisión: ya sea que les ofrezca asilo en nuestro país o una digna repatriación a Cuba.