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Hay una posibilidad real de resolver en Panamá el entramado de corrupción de la empresa Norberto Odebrecht. La oportunidad está en el uso de los mecanismos de cooperación judicial que ofrecen los convenios internacionales de Naciones Unidas, a través de los cuales el país tendría acceso a la información obtenida mediante los acuerdos de delación premiada que suscribieron los altos ejecutivos de esta empresa con el Gobierno de Brasil. Corresponde al Ministerio Público hacer estos trámites con sus pares sudamericanos para obtener la información de las coimas, sobrecostos y donaciones electorales que desde el año 2006 hasta 2016 pueda haber pagado esta empresa constructora en nuestro país. Paralelamente, el Estado panameño debe asegurar cualquier otro mecanismo alterno que garantice de forma contundente la recuperación de los millones de dólares que nos han robado. Así como el dar a conocer quiénes se beneficiaron de dichos pagos y asegurarse que enfrenten la justicia. De la actuación responsable de nuestras autoridades administrativas, judiciales y fiscales dependerá el resultado final de esta tragedia y deshonra nacional.