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En el sistema jurídico panameño, los notarios dan fe de importantes transacciones civiles y comerciales. Ante uno de estos funcionarios se puede realizar desde un matrimonio hasta otorgar un testamento, ya que en ellos se deposita toda nuestra confianza. Por esto, es preocupante la proliferación de inscripciones de transacciones falsas, algunas respaldadas por notarios y otras que falsearon los sellos y firmas de estos despachos. Esta situación requiere de una acción urgente por parte del Ministerio de Gobierno y la Asamblea Nacional. Aunque desde 2014 nuestra cámara legislativa conoce de un anteproyecto que mejoraría sustancialmente los controles y la supervisión sobre las 24 notarías que hay en el país, los diputados se han comportado en este tema con la usual decidía y no han debatido tan importante cuestión. La esencia en los derechos de propiedad privada y la seguridad jurídica del país descansa sobre el sistema registral y notarial. La corrupción y la falta de transparencia son los peores enemigos del progreso económico y el Estado de derecho. Depurar la opacidad de las notarías ayudaría a salvar la fe pública del país.