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Resulta irónico cómo en Panamá se resuelven las prioridades. Los ciudadanos pagamos puntual y mensualmente tributos al Estado en el entendido de que serán utilizados por sus funcionarios como buen padre de familia. Es entendible que no todos serán acuciosos, pero para eso existen modos de corrección y penalización. Sin embargo, en vez de ello, vemos como nuestros impuestos se derrochan en viajes –turismo sufragado por el Estado– y no pocas cosas más que son absolutamente innecesarias. Ahora, el presidente de la Corte Suprema anuncia que no hay dinero para ejecutar la ley de carrera judicial ni ahora ni en los próximos años. Eligió la salida fácil, porque bien podría empezar con ahorros, por ejemplo, en viajes o vehículos que les compran a los magistrados. Algo de dinero se podrá reunir y dar el primer paso. No son seres supremos, como se creen algunos, aunque digan que sean de la Corte Suprema. Han demostrado –a través de fallos permisivos hasta la impunidad– que son tan humanos como el más humilde trabajador de esa carrera judicial que se niegan a ejecutar. Pongan el ejemplo y quizás alguien empiece a verlos como los supremos jueces del país.