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El feminicidio y la discriminación contra la mujer son conductas deplorables que merecen el repudio de todos los sectores de la sociedad. La propuesta borrador avanzada por el Ministerio de Gobierno para reglamentar el artículo 70 de la Ley 82 de 2013, tiene fines muy loables, pero sus mecanismos son inadecuados y muy poco efectivos para alcanzar estas metas. Crear una regulación que sancione a los medios por presunta discriminación contra la mujer y dejar la aplicación de esta normativa en manos políticas, significa que los que hoy son buenos funcionarios, con valores democráticos, mañana pueden ser sustituidos por cancerberos de la libertad de expresión, con mucho poder para hacerle daño al país. Los instrumentos escogidos no son tolerados por nuestra Constitución Política ni por el derecho internacional. Los grandes males sociales no están en los medios de comunicación, como tampoco las enfermedades están en las sábanas. Los graves problemas del país existen, independientemente de que los medios los presenten en cualquier forma o modo. La solución real de estos padecimientos sociales es responsabilidad de todos, incluyendo los medios de comunicación. La libertad de expresión es el camino para buscar las grandes soluciones que el país necesita.