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Las acciones de la justicia no solo deben ser íntegras e imparciales, sino que también deben parecerlo ante los ojos de la opinión pública. Ayer, la sorpresiva ejecución de una orden de conducción de un empresario y comunicador social, provocó una desazón y molestia innecesaria en la sociedad. Con atavismos propios de un régimen autoritario, la comparecencia obligada del exdirectivo de la Caja de Ahorros al Ministerio Público debió enviar el mensaje de que nadie, incluso los periodistas y los medios de comunicación, puede estar por encima de la ley. En su lugar, la actuación del Ministerio Público causó escozor internacional y levantó dudas acerca de la naturaleza de la lucha contra la corrupción. Acusaciones de todo tipo, desde persecución política hasta selectividad de la justicia, deben ser superadas. El propio afectado aclaró que no era indagado por su rol como comunicador, sino por su vinculación al banco de la familia panameña. Los jueces y fiscales tienen muchos pendientes por cumplir en materia de transparencia y de justicia. Sin embargo, la libertad de expresión sigue fuerte y muy viva. Que así sea siempre.

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