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La importancia de un poder judicial independiente no puede ser menospreciada en América Latina, como lo evidencia el caso de Venezuela. En ese hermano país, la Cámara Constitucional de la Corte Suprema decidió en un fallo deschavetado que la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, ya no debe conocer para su aprobación o rechazo el proyecto de presupuesto del Estado bolivariano para el año 2017. En su lugar, la propia Corte deberá aprobarlo. En todo el mundo civilizado, una de las principales funciones del poder legislativo es precisamente el control del presupuesto. Sin esa función, no es posible que sea viable el sistema de pesos y contrapesos que define a un Estado de derecho. ¿Cuál es el siguiente paso del régimen de Maduro? Desconocer la voluntad popular que le dio mayoría a sus opositores y consolidar, finalmente, su dictadura, ya que en su esquema ese es el único camino posible. Una democracia no es viable sin jueces imparciales ni diputados fiscalizadores, lo que no puede existir en Venezuela. La región es testigo y cómplice del desenmascaramiento de la última tiranía del continente.