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Por muy buenas razones, nuestra Constitución estableció que los magistrados del Tribunal Electoral serán nombrados por cada uno de los tres órganos del Estado de forma escalonada por un período de 10 años. En este momento le corresponde a la Asamblea Nacional seleccionar a uno de estos funcionarios, que tendrá sobre sus hombros la responsabilidad de “garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular”, tal como se corresponde en gobiernos democráticos y representativos. De ahí que los 71 diputados del poder legislativo tienen ante sí y ante el país un desafío mayúsculo: escoger y nombrar, en un proceso transparente, a una persona independiente, íntegra, valiente y con profundos valores democráticos. Por supuesto que no se puede ignorar el conocimiento, la experiencia y otros aspectos de formación académica. Es imperativo además que sea un ciudadano comprometido con el respeto a la voluntad popular, porque una mala decisión, ya sea por razones políticas o personales, que nunca faltan en la Asamblea, abre la puerta a la destrucción de nuestras instituciones, experiencia de la que deberíamos estar curados.