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Hace 10 años el país se enteró oficialmente de que el llamado síndrome de insuficiencia renal aguda, que por entonces agobiaba a las salas de urgencia de hospitales y clínicas, era causado por el envenenamiento masivo que el propio Estado panameño le había ocasionado a sus ciudadanos. Desde entonces, los cientos de fallecidos y las heroicas historias de los sobrevivientes y familiares han coexistido con un Ministerio Público y un Órgano Judicial indolentes, y en muchas ocasiones, muy necios e irrespetuosos hacia los panameños que buscaban justicia. El sistema de salud del país ha sido duramente cuestionado por sus faltas de controles, la ausencia de transparencia en sus contrataciones y la mediocridad de sus administradores. Los profesionales médicos y sanitarios todavía tienen mucho que explicar, que salvo contadas excepciones, guardaron un silencio cómplice, y optaron por no alertar a la población para evitar esta gran catástrofe. El dietilenglicol demostró que el verdadero veneno es la negligencia y el juega vivo con que se administran nuestros gobiernos.