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La delincuencia organizada no sabe ni conoce de fronteras. Los delitos se cometen contra un Estado, pero los beneficios del acto ilícito –incluyendo los que cometen políticos corruptos– usualmente van a otro y, en ocasiones, pueden tocar a varios países. Los ejemplos son tan abundantes que las naciones, para contrarrestar el poder de estas organizaciones criminales y seguir sus pasos, han acordado y firmado tratados multilaterales o bilaterales de cooperación, que incluso han incorporado a sus respectivas legislaciones. Hace poco vimos cómo Panamá solicitó cooperación a Brasil en el caso de la comida deshidratada, por investigaciones al expresidente Martinelli, funcionarios de su gobierno y empresarios. El país suramericano contestó puntualmente todas las interrogantes, lo que supuso una investigación por parte de sus autoridades que ayudaran a aclarar este caso en Panamá. Pero para nuestra vergüenza, Panamá no mostró–ni de lejos– esa misma diligencia cuando los fiscales de la operación Lava Jato pidieron a nuestras autoridades, hace más de un año, cooperación para investigar cuentas bancarias de una empresa vinculada a Constructora Norberto Odebrecht, utilizada para depositar dinero presuntamente robado al Estado brasileño. La Procuraduría aseguró que Panamá había cumplido con la petición de información, pero ahora, gracias a procesos transparentes de información en Brasil, podemos conocer que aquello que envió el Ministerio Público panameño a los fiscales brasileños es una completa vergüenza, con el agravante de que tardó meses en responder, pese a que lo que mandó es casi el equivalente a un telegrama. La respuesta de Panamá a Brasil se ve casi como un acto de complicidad. Un intento torpe de actuar como encubridores, y que pone de relieve –eso sí– el enorme poder hasta hoy invisible que ostenta Odebrecht sobre gobernantes y autoridades locales. Las excusas sobran, pero los hechos dejan al descubierto una realidad que nos abofetea: hay individuos y empresas que en Panamá continúan estando por encima de la ley.