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La persistencia del magistrado presidente de la Corte Suprema en hacer viajes banales y abandonar sus importantes funciones, demuestran su concepto sobre la justicia. Su turismo judicial obligó a que el vicepresidente del máximo tribunal haya tenido que presentar el proyecto de presupuesto del Órgano Judicial a la Asamblea Nacional. Su suplente, una experimentada defensora de oficio, ha tenido que asumir sus funciones, abandonando las propias y atosigando aún más la carga de trabajo de los escasos defensores públicos del país. Recordemos que José Ayú Prado ocupa tres cargos simultáneamente en la Corte, y que cada día que falta es una jornada más de mora para los casos penales, constitucionales, y los trámites internacionales que son de su conocimiento. Si a estas alturas, el afortunado viajero no entiende la importancia de sus funciones, bien puede optar por la renuncia, y permitir que la justicia funcione con normalidad.