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La adhesión de Panamá a la Convención Multilateral de Asistencia Fiscal permitiría intercambiar a requerimiento, con más de un centenar de Estados, la información tributaria de sus ciudadanos. De esta forma, todas las naciones, incluyendo las latinoamericanas que nos califican como “paraíso fiscal”, dejarían de tener mayores argumentos para justificar su discriminación contra Panamá. Esta necesaria iniciativa solo será exitosa si existe el compromiso por parte de todos los sectores de que los cambios legales son apenas el principio de la transformación institucional que debe asumir la administración pública panameña. El Ministerio Público, el Órgano Judicial, las tres superintendencias que regulan el sector financiero y todos los demás cuerpos de fiscalización y control son eslabones esenciales para que el país tenga la credibilidad internacional suficiente para salir de todas las listas excluyentes. Cambiar las prácticas de algunos que insisten en el incumplimiento de las leyes es el gran desafío pendiente. Panamá tiene la capacidad para superar este reto y demostrar que cooperamos plenamente en la lucha mundial contra los delitos financieros.