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Panamá mantiene una enorme deuda histórica con el sistema penitenciario y los más de 16 mil reclusos que hay en las cárceles. No cabe duda de que esta estructura amorfa es una universidad del crimen, que arrastra al personal civil y policial, al igual que a los detenidos. Hay un problema sistémico con la justicia en nuestro país, que no depende ni de leyes ni de presupuesto. La desarticulación de una red que incluía mandos policiales, funcionarios civiles y hasta privados de libertad no sorprende a la opinión pública, pero la descorazona por ser una evidencia clara de la profunda crisis de integridad que existe en el aparato de justicia del Estado. Tan solo hace unos meses fue descubierto el infame clan “La taquilla”, que en los juzgados y tribunales penales alteraba documentos y hasta sobornaba jurados de conciencia. Resolver el grave problema del hacinamiento que existe en la mayoría de los centros penitenciarios del país, así como la falta de implementación de un sistema de socialización para los privados de la libertad, es una prioridad. Es vital que se respalde a las autoridades a cargo del sistema carcelario. La sociedad panameña sería, sin duda, la gran triunfadora de esta apuesta.

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