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A la Corte Suprema de Justicia le tomó casi 15 años resolver una demanda planteada por la Contraloría a fin de que declarara nulo el contrato de concesión del servicio de faros y boyas de la desaparecida Autoridad Portuaria Nacional, cuyos beneficiarios finales eran los mismos funcionarios que gestaron la concesión. Después de tanto tiempo, este fallo viene a reparar un daño y le permite al Estado recaudar caudales que de otra manera habrían terminado en las cuentas bancarias de los dueños de la empresa Ports Engieneering & Consultants Corp. (PECC), cuyos accionistas en Panamá gozan de la más absoluta y escandalosa impunidad. Los que no corrieron con tanta suerte fueron los supuestos “inversionistas” estadounidenses que dieron la cara –y bolsillos– para encubrir el despojo del que fue víctima el Estado. Ambos fueron condenados en Estados Unidos, tras declararse culpables de haber violado el Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero). Fue la mayor condena –87 meses de prisión– impuesta hasta entonces por un caso de esta naturaleza. Buena noticia el fallo, pero sigue faltando llevar a la justicia a los responsables locales.