El proyecto de ley que amplía las declaraciones juradas de bienes y conflictos de interés representa un avance significativo hacia la transparencia en la administración pública. Destaca por incluir a una mayor cantidad de funcionarios, como alcaldes, concejales y diplomáticos, obligándolos a declarar bienes, deudas y vínculos de interés. Además, su disposición de hacer públicas estas declaraciones rompe con la resistencia histórica a la transparencia, marcando un cambio esencial en la rendición de cuentas.
Sin embargo, para que esta reforma no quede como un mero deseo, es indispensable que se establezcan consecuencias claras para quienes incumplan. La Contraloría debe robustecer su capacidad técnica para auditar y verificar estas declaraciones, y las instituciones deben garantizar que el proceso sea eficiente y accesible.
Hacer públicas estas declaraciones y actualizarlas anualmente es un paso hacia la recuperación de la confianza ciudadana. Ahora queda en manos de los diputados dotar a este proyecto de las herramientas necesarias para asegurar su cumplimiento y eficacia.
