La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, presentó una demanda para la disolución del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), invocando el artículo 392 del Código de Trabajo. Alega extorsión, estafa, abuso de poder, uso indebido de recursos y hasta vínculos con lavado de activos. No es una disolución automática: ahora será un juzgado quien decida.
Desde su fundación en 1972, Suntracs fue una fuerza laboral combativa, clave en la conquista de derechos para miles de obreros. Pero también ha sido una organización polémica. Por su rol en numerosas protestas sociales y políticas ha sido muy cuestionado, muchas veces porque se alejan de su misión de mejorar las condiciones de los trabajadores afiliados. El carácter agresivo de sus manifestaciones ha incluido destrucción de propiedad pública y privada, así como actos de violencia contra policías y ciudadanos. Protestas que han dejado graves repercusiones económicas al país.
Sobre el sindicato pesan también denuncias serias sobre el manejo de fondos y el uso indebido de recursos que deben ser debidamente investigadas. Por ahora le tocará a sus representantes rendir cuentas ante el sistema judicial, porque si bien el derecho sindical está consagrado en la Constitución y debe ser protegido, también implica obligaciones. Que sea solo la justicia, basada en la Constitución y la ley, la que determine el desenlace.
