La decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de despedir a dos magistrados, integrantes del Tribunal Superior de Apelaciones —tras reprochables acciones que reafirmaban las sospechas de que no existe la imparcialidad de la judicatura— es digna de elogio, pues desde hace mucho tiempo era necesario examinar muchos de los fallos emitidos por estos altos funcionarios. La Corte Suprema de Justicia tiene el deber de sanear los despachos judiciales de intereses personales o de terceros cuando buscan cambiar el curso natural de un proceso, siempre respetando los derechos que tienen los investigados, pero firme en sus objetivos.
La justicia panameña tiene una de las peores imágenes de la región, precisamente, por actuaciones que rayan en el fraude judicial, que obviamente no pasan inadvertidas para el ojo entrenado. Los escándalos por compra de sentencias, por favoritismo, por intereses de terceros o por política han sacudido este órgano del Estado desde hace décadas y, precisamente, las acciones que están tomando ahora los magistrados de la Corte Suprema nos dan esperanzas de que no todo está perdido, que aún se puede salvar uno de los principales pilares de nuestra democracia.
