Hoy por hoy: ¿Quién le pone límites al contralor?

El contralor general de la República, Anel Flores, actúa sin que haya un Ejecutivo ni una Asamblea Nacional que lo frene. La semana pasada irrumpió en una diligencia del Ministerio Público, un hecho que ya investiga la Procuraduría General de la Nación y que, por sí solo, exige explicaciones. Pero no es un caso aislado. Aunque la Contraloría sostiene que no interfiere en investigaciones, los hechos dicen otra cosa. Antes ya había cruzado una línea delicada: en la crisis de la basura en San Miguelito, admitió haber llamado a la alcaldesa para “facilitarle” un contacto con una representante de Revisalud, empresa con intereses contractuales. El presidente de la República guarda silencio. Y la Asamblea tampoco actúa: ni siquiera logró que asistiera a una cortesía de sala, mucho menos a una citación con preguntas específicas. Lo que está en juego no es un episodio puntual, sino la normalización de excesos. Cuando quien debe fiscalizar opera sin control, el problema deja de ser individual y se vuelve institucional. Entonces la pregunta es mandatoria: ¿quién lo frena?