El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha insistido, con justa razón, en la necesidad de contener el gasto público ante la difícil situación fiscal que atraviesa el país. Se han anunciado recortes y se han fijado topes de ahorro que buscan devolver equilibrio a las cuentas estatales. Sin embargo, contrasta el silencio —o la permisividad— del propio MEF y del Ejecutivo en general, en lo que se refiere al gasto público destinado a financiar seguros privados para funcionarios.
Es cierto que técnicamente cada institución arma su presupuesto, pero también lo es que el MEF es el responsable de elaborar y preparar el presupuesto para presentarlo ante la Asamblea Nacional. Por ello, lo consistente con la posición de austeridad que ha adoptado el MEF es rechazar dichas asignaciones, porque terminan siendo partidas que contradicen las políticas de contención del gasto. De lo contrario, se transmite un mensaje ambivalente y contradictorio que fortalece la idea de privilegios entre el funcionariado público.
Es por esto que en esta ocasión reconocemos como buena iniciativa que desde la Asamblea Nacional se plantee acabar con estos seguros injustificados. Al final, un presupuesto es la proyección del país que queremos ser. Y si se permiten privilegios, lo que tendremos será una imagen distorsionada: no de austeridad ni justicia, sino de desigualdad.
