Hoy por Hoy: PPC: de aquellos polvos, estos lodos

En 2021, diversos sectores del país -incluyendo al entonces procurador de la Administración, Rigoberto González-, alzaron su voz contra la prórroga automática del contrato entre el Estado y PPC. A pesar de las advertencias, el gobierno de Laurentino Cortizo y la Contraloría avalaron lo que confirma la figura del Estado como “socio bobo”. Hoy, el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, refuerza la postura de quienes lo advirtieron, al declarar que el contrato de PPC es inconstitucional. En un detallado análisis, Gómez señala que el contrato infringe varios artículos de la Constitución, principalmente por lesionar el interés público y restringir la competencia. Las prerrogativas otorgadas a PPC, como la exoneración tributaria y la expansión de terrenos sin contraprestación, son ejemplos claros de desventajas para el país. Lamentablemente, este debate se da en un contexto internacional cargado de presiones, especialmente por los fake news sobre la influencia china en el control del Canal. Lo más importante ahora es que se haga justicia y se respete la Constitución, protegiendo los intereses nacionales, sin miramientos.