El peso del abuso sexual se carga, muchas veces, en silencio. Las cifras del Ministerio Público muestran una leve disminución en las denuncias, pero detrás de esos números se ocultan historias de miedo, vergüenza y desconfianza en las instituciones.
La creación de un registro público de ofensores sexuales es un paso importante, pero insuficiente si el país sigue sin enfrentar la raíz del problema: la falta de una política pública de educación sexual integral. Sin educación, los niños y adolescentes permanecen vulnerables, sin herramientas para reconocer y denunciar el abuso.
La sociedad tampoco aprende a prevenir ni a acompañar a las víctimas. Urge que el Estado impulse programas educativos desde las escuelas y refuerce la atención psicológica, legal y social a quienes han sufrido violencia.
El problema debe abordarse sin sesgos ideológicos ni religiosos, pues es una realidad que trasciende cualquier postura o creencia religiosa. Solo con conocimiento, empatía y acción conjunta será posible romper el silencio que por décadas ha protegido a los agresores.
