La solicitud de imputación de cargos a 28 beneficiarios de auxilios económicos del Ifarhu, por un perjuicio estimado en $24 millones, marca un punto de inflexión. Lo que comenzó como un escándalo político se ha convertido en un proceso penal con la detención provisional del exdirector Bernardo Meneses y la apertura de una investigación más amplia sobre cómo se distribuyeron estos fondos.
Este episodio no ocurre en el vacío. Según datos del Ministerio Público, las Fiscalías Anticorrupción mantienen 4,275 investigaciones activas por peculado, corrupción, tráfico de influencias y otros delitos, con 184 personas imputadas y perjuicios superiores a $36 millones. El caso Ifarhu se inscribe en esta radiografía de prácticas arraigadas que cruzan instituciones y gobiernos.
Un desafío central es que no haya selectividad en la aplicación de la ley, ni entre los beneficiarios de estos auxilios ni en ningún otro caso de corrupción. La justicia no debe ser una fuerza pasiva frente a estas conductas. El caso exige sanciones ejemplares y reformas estructurales para cerrar los portillos que permiten que se repitan.
