La comparecencia de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) ante la Comisión de Presupuesto dejó más preguntas que certezas. No solo por la magnitud de los traslados solicitados, sino porque era la segunda vez que acudía: en la primera, ni siquiera se informó el nombre de las empresas beneficiadas. Esa omisión no es menor; es un patrón que debilita la transparencia.
La explicación posterior, en la que Etesa afirma que no pagará a empresas bajo investigación, tampoco despeja el panorama. ¿Por qué entonces tramitar partidas millonarias? ¿Desde cuándo rige ese criterio y bajo qué acto administrativo se sostiene?
Los fondos estaban destinados a trabajos de corte de árboles en la servidumbre de líneas de transmisión, una labor sensible para la seguridad del sistema eléctrico. Pero surge una pregunta inevitable: ¿quién auditó que esos servicios se prestaron efectivamente, con la frecuencia, el alcance y la calidad contratadas? Sin verificación técnica independiente, pagar equivale a confiar a ciegas.
La seguridad jurídica no se defiende con silencios ni urgencias, sino con información completa, controles previos y rendición de cuentas. Sin eso, la confianza pública se erosiona.
