Ya sea por ética o simple pudor, los diputados que conservan oficinas paralelas en la Asamblea deberían devolverlas. El Legislativo necesita un gesto de transparencia que acompañe la palabra igualdad. El llamado “búnker” del Palacio Justo Arosemena no es un mito. Allí, figuras como Benicio Robinson y Raúl Pineda mantienen despachos separados, con acceso restringido y seguridad exclusiva. Mientras tanto, la mayoría de los diputados trabaja en espacios modestos, y algunos apenas cuentan con un cubículo.
La desigualdad es evidente: unos pocos acumulan privilegios, otros se conforman con lo mínimo. El diputado Ernesto Cedeño lo recordó con crudeza: hubo quienes llegaron a tener hasta cuatro oficinas. Y el propio presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, reconoce que estas concesiones existen desde hace décadas, aunque promete revisarlas.
El problema no es arquitectónico, sino político. Son símbolos de poder, dinero público invertido en secreto y de una cultura de feudos personales. Con este acto, el diputado Pineda da muestras inequívocas de que no entiende el Estado de Derecho y, si lo entendiera, es peor porque significa que lo desprecia.
