La salida de Nicaragua de la OEA no elimina las preocupaciones que durante años han motivado denuncias sobre el deterioro de las libertades, los derechos humanos y las instituciones democráticas en ese país. La democracia no depende de la membresía formal en un organismo internacional; depende del respeto a principios cuya vigencia trasciende fronteras.
La advertencia formulada esta semana por Costa Rica en la Asamblea General añade una dimensión adicional. San José expresó preocupación por la presencia en Nicaragua de fuerzas militares rusas y de organizaciones como Hamás y Hezbolá, además de alertar sobre actividades vinculadas a la minería ilegal en zonas fronterizas. Más allá de la controversia diplomática, el mensaje es claro: los problemas de gobernanza y seguridad rara vez permanecen confinados dentro de un solo territorio.
Panamá conoce bien esa realidad. Treinta años después del atentado contra Alas Chiricanas, aún persisten deudas de justicia. La experiencia demuestra que las amenazas transnacionales, el extremismo y la impunidad no respetan fronteras. Ignorar una crisis porque ocurre fuera de una organización o detrás de una frontera no la hace desaparecer; solo aumenta el riesgo de que sus consecuencias terminen alcanzando a toda la región.
