Cada vez más dinero público engorda las arcas de los partidos políticos, pero la calidad de nuestra democracia no refleja esa inversión. Desde 1997 hasta 2024, el subsidio electoral aumentó 625%, de $15 millones a $109 millones, mientras el padrón apenas creció 33%. En paralelo, varios dirigentes han enfrentado investigaciones y condenas, y los partidos bloquean propuestas que buscan reducir gastos o reforzar controles.
La sociedad civil, representada en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, advierte que el financiamiento es necesario, pero requiere ajustes. Proponen reducirlo a la mitad y blindarlo de abusos, para que el dinero público responda al bien común y no a intereses particulares.
El contraste es evidente: mientras escuelas, hospitales y comunidades reclaman servicios básicos, la política consume cada vez más recursos con resultados cuestionables. La Comisión Nacional de Reformas Electorales debe ser un espacio de cambio real. De lo contrario, el mensaje es claro: los partidos protegen su bolsillo, no la democracia.
