La suspensión de clases a nivel nacional, como respuesta al riesgo de huelgas docentes y de obreros de la construcción, confirma una dolorosa realidad: los estudiantes siguen siendo rehenes de conflictos ajenos.
Aunque la mayoría de los maestros no se sumó al paro, el impacto es terrible en las aulas. La educación pública, ya golpeada por la pandemia y los cierres de 2022 y 2023, vuelve a ser sacrificada sin contemplaciones.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) lo resumió con claridad: nadie ha aumentado la edad de jubilación de los educadores y, sin embargo, los muchachos siguen pagando la cuenta.
Pequeños emprendedores, pacientes y jóvenes buscando oportunidades también sufren las consecuencias de protestas que se justifican en falsedades y que paralizan, cuando el país necesita avanzar.
Panamá no puede seguir normalizando la pérdida de clases. El futuro exige decisiones valientes, no huelgas sin sentido. El país merece líderes que construyan, no que hundan más a quienes apenas comienzan a caminar.
