La historia del contrato de Panama Ports Company (PPC) no es la de un error aislado, sino la de una cadena de decisiones públicas que desprotegieron los intereses del Estado. Durante casi tres décadas, funcionarios con nombre y apellido ocuparon posiciones clave y, por acción u omisión, permitieron que un contrato estratégicamente sensible derivara en un esquema profundamente desequilibrado.
En los primeros años, bajo el gobierno de Mireya Moscoso, ministros como Joaquín Jácome equipararon beneficios públicos con supuestas “plusvalías” privadas, debilitando el principio elemental de que los bienes del Estado no se negocian como favores. Años después, un contralor como Gerardo Solís avaló una auditoría que sirvió de base para justificar la continuidad del contrato, sin que hoy resulte claro cómo se ponderaron sus efectos institucionales y fiscales. En ese mismo período, una junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá y su administrador, Noriel Araúz, omitieron controles básicos y adoptaron decisiones de alto impacto sin debate público ni escrutinio suficiente.
Todo ello ocurrió durante el gobierno de Laurentino Cortizo, sin que el Gabinete ni el presidente ejercieran el liderazgo político necesario para revisar, cuestionar o detener un proceso claramente lesivo para el país.
El fallo de la Corte corrige el resultado, pero no borra el proceso. La lección pendiente es asumir responsabilidades políticas. El país tiene derecho a saber quién decidió, con qué criterios y en nombre de qué intereses. Sin esa claridad, el problema no queda resuelto: solo queda postergado.