Que la ministra de Desarrollo Social haya comparecido ante la Asamblea Nacional y respondido a los diputados fue, en principio, un paso en la dirección correcta. Durante meses, lo que predominó fueron escándalos y renuncias en la Senniaf. Hoy, al menos, existía la oportunidad de exigir explicaciones y discutir responsabilidades.
Sin embargo, lo ocurrido terminó reforzando las preocupaciones. El desempeño de la ministra dejó más dudas que certezas y la interrupción de la sesión evidenció hasta qué punto la política interfiere cuando se trata de esclarecer la actuación de las autoridades.
Sin autocrítica no hay reforma posible. Si no se reconocen fallas estructurales ni se asumen responsabilidades, cualquier intento de mejora quedará en la superficie. Lo dicho —y lo evitado— confirma que el manejo de los albergues sigue siendo una deuda pendiente del Estado. La falta de respuestas claras no transmite control, sino opacidad. Porque la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién protege a los que deben ser protegidos?
