El 75% de los jueces que están en la planilla del Órgano Judicial aparecen con la condición de “eventuales”. En el Sistema Penal Acusatorio (SPA) —al que se han destinado millonarios fondos para capacitación— la situación es peor: el 87.6% de los jueces son eventuales. Esta es una característica muy preocupante en funcionarios cuya independencia debe estar garantizada. Algunos permanecen en esa condición pese a haber sido nombrados hace años, incluso lustros. Esas designaciones, además de ser violatorias de la ley que creó la carrera judicial, tienen otros agravantes. Es conocido que la falta de permanencia de los jueces socava su independencia y abre oportunidades para el soborno, la extorsión, el chantaje y todo tipo de amenazas. En esas circunstancias de interinidad fue absuelto un expresidente de la República en el caso pinchazos por un tribunal integrado por tres juezas eventuales que, en un giro inesperado, consideraron que la fiscalía no probó quién dio la orden de realizar las interceptaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional. Ese caso seguramente ejemplifica que un juez que depende de su permanencia difícilmente puede impartir justicia con plena independencia.