El presidente José Raúl Mulino firmó la rebaja de pena para varios condenados, entre ellos, la esposa de su ex compañero de Gabinete, Guillermo Ferrufino. Esta decisión, aunque legalmente amparada por su potestad presidencial, plantea serias dudas sobre la ética y la coherencia de su gobierno. Al tomar esta medida, el presidente facilita la impunidad, enviando un mensaje peligroso de que aquellos cercanos al poder pueden evitar las consecuencias de sus actos.
En su informe a la Nación del 2 de enero de 2025, Mulino criticó duramente la flexibilidad del sistema judicial, que permite la liberación de criminales y perpetúa la impunidad. Sin embargo, al firmar la rebaja de pena, contradice esas palabras. En lugar de fortalecer la justicia, favorece a sus aliados políticos, lo que incrementa la desconfianza en la imparcialidad del sistema judicial y pone en duda la voluntad del gobierno para aplicar la ley de manera justa para todos.
