Amador, estratégicamente ubicado en la entrada del Canal, debía convertirse en una vitrina turística y urbanística. Casi 30 años después, el resultado es otro: concesiones incumplidas, rellenos ilegales, litigios y deudas millonarias con el Estado. Peor aún: persiste lo que parece un patrón de omisión institucional que ha permitido que contratos cuestionados sobrevivan distintas administraciones sin consecuencias visibles.
El problema dejó de ser urbanístico o económico. Mientras crecen las solicitudes para usar fondo de mar en una de las zonas más estratégicas del país, las autoridades evitan responder preguntas básicas sobre fiscalización, sanciones, morosidad y control estatal.
Amador es demasiado importante para manejarse de espaldas a la ciudadanía. Además, este caso refleja cómo grandes proyectos públicos pueden terminar atrapados entre intereses privados y falta de supervisión. Panamá necesita decidir si seguirá administrando esta zona mediante silencios y prórrogas o si finalmente recuperará el sentido público y estratégico con el que originalmente fue concebida.
