La Asamblea Nacional cerró sesiones sin debatir las reformas que habrían fortalecido la lucha contra la corrupción. Los proyectos del procurador Luis Carlos Gómez, encaminados a agilizar investigaciones y asegurar castigo, fueron rechazados por la Comisión de Gobierno y desestimados desde el Ejecutivo.
Primero, el presidente José Raúl Mulino pidió al procurador retirar las iniciativas; ahora, sentencia que “la corrupción no necesita más leyes”. Con ello, enterró una propuesta que surgía precisamente de quienes tienen el deber de investigarla.
El Legislativo y el Ejecutivo comparten la misma falta de voluntad. Mientras uno evade la discusión, el otro desacredita el intento de modernizar la justicia. La consecuencia es la misma: un sistema político que se blinda frente al cambio y perpetúa la impunidad.
La corrupción no se combate con frases hechas, sino con decisión política. ¿Hasta cuándo seguirán las promesas de transparencia mientras se cierran las puertas a las reformas que podrían hacerla realidad?
