La renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) no debe entenderse como el final de la crisis, sino como el inicio de una revisión integral de esa institución.
El problema nunca fue únicamente una persona, sino un modelo de gestión rodeado de cuestionamientos sobre transparencia, controles internos, contratación, uso de fondos públicos y calidad académica.
Las investigaciones del Ministerio Público de Panamá y las auditorías de la Contraloría deben avanzar hasta esclarecer posibles responsabilidades administrativas o penales. Pero también corresponde revisar la legislación y los mecanismos que permitieron la concentración de poder durante tantos años.
La Unachi es una universidad pública sostenida con los impuestos de todos los panameños. Por ello, la rendición de cuentas no puede verse como una agresión a la autonomía universitaria, sino como una obligación básica. La institución necesita mucho más que un relevo administrativo: necesita reconstruir su credibilidad.
