La reciente aprobación por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de un fondo especial de jubilación ha encendido un debate inevitable: ¿protección de la independencia judicial o privilegio injustificado? El acuerdo, publicado en Gaceta Oficial el 8 de agosto, garantiza a los magistrados de la CSJ el 100% de su último salario al retirarse, con aportes adicionales de la propia Corte para complementar lo que cubra la Caja de Seguro Social.
Los defensores de la medida alegan que el artículo 208 de la Constitución restringe a jueces y magistrados de ejercer actividades privadas, y que una compensación robusta protege su independencia y evita tentaciones indebidas. Sin embargo, este es el mismo privilegio del que gozan los comisionados de la Fuerza Pública, históricamente cuestionado por la ciudadanía, y llega pocos meses después de que los magistrados se incrementaran su salario a $14 mil mensuales.
La independencia judicial es vital para la democracia, pero debe sostenerse en transparencia, mérito y ética, no en beneficios especiales que puedan erosionar la confianza ciudadana. La justicia no solo debe ser independiente, también debe ser ejemplar.
