La divulgación de los auxilios económicos administrados por el Ifarhu ha evidenciado una extrema negligencia en su gestión a lo largo de los últimos mandatos. Este organismo, ideado como pilar de propósitos altruistas, ha degenerado en una fuente de beneficios indebidos. Convertido en presa de maniobras políticas, incluso ha favorecido a empleados internos, con registros de hasta siete subsidios por individuo. Aún más alarmante es que un 26% de los trabajadores del Ifarhu hayan accedido a estas subvenciones sin justificación transparente. Se han asignado 330 auxilios a 240 empleados.
La explicación radica en la corrupción sistémica que ha transformado al Ifarhu en un mecanismo de saqueo. La tarea de los gobernantes es urgente: reformar la normativa del Ifarhu para erradicar la discrecionalidad y la opacidad. Es indispensable abolir la gestión arbitraria de los recursos, vetar el acceso a ayudas sin méritos verificables, transparentar la participación en los programas y asegurar que los beneficiarios justifiquen su elegibilidad a través de un riguroso criterio meritocrático y un exhaustivo análisis socioeconómico. Es imperativo poner fin a estos abusos. Es una vergüenza que actos tan viles se ejecuten en nombre de la educación.
