El incumplimiento en la revisión de la tarifa por movimiento de contenedores en los puertos de Balboa y Cristóbal es una omisión grave que le ha costado al Estado panameño más de $100 millones en ingresos. La obligación de actualizar esta tarifa cada cinco años, establecida en la Resolución J.D. No. 026-2009, se ha ignorado desde 2013, beneficiando a Panama Ports Company (PPC) y a otros puertos mientras el país enfrenta limitaciones presupuestarias.
La falta de acción de la Autoridad Marítima de Panamá y el silencio de las administraciones sucesivas exponen un patrón de concesiones lesivas al interés nacional. La eliminación del pago fijo de PPC en 2002 ya representó una pérdida de más de $1,200 millones, y ahora, la inacción en la actualización tarifaria agrava la situación.
Lo hemos dicho y lo reiteramos: Panamá no puede seguir postergando decisiones que afectan sus ingresos estratégicos ni continuar siendo el socio bobo en cada transacción. La transparencia y el cumplimiento de los contratos deben prevalecer, o el país continuará cediendo recursos esenciales a empresas privadas sin justificación.
