Resulta especialmente grave que en un proceso tan sensible como el concurso de nombramiento docente se mienta o se falsifique información. No es un trámite cualquiera: es el mecanismo mediante el cual el Estado selecciona a quienes formarán a niños y jóvenes.
Alterar documentos aquí no es una falta menor; es una ruptura ética que erosiona la confianza pública y vacía de contenido el principio del mérito. Frente a las anomalías detectadas, el Ministerio de Educación tiene la obligación de verificar, excluir y, cuando corresponda, remitir expedientes al Ministerio Público. Esa firmeza es indispensable. Pero debe ejercerse con precisión, debido proceso y comunicación responsable, para no sembrar sospechas generalizadas sobre miles de aspirantes que sí cumplen.
También corresponde revisar el diseño del concurso. La exigencia anticipada de certificados médicos y antecedentes legales pudo generar una sobrecarga administrativa previsible y abrir espacio a errores. Ordenar no es enredar. El país necesita docentes idóneos y procesos confiables. Cuidar ambos es ineludible.
