La reaparición del alcalde de Colón, Diógenes Galván, exigiendo que el Ejecutivo cumpla la Ley 32 de 1997, no es un reclamo aislado. Es el reflejo más claro de un patrón nacional: un Estado que concentra los recursos mientras los municipios cargan con las necesidades más urgentes. Panamá cuenta con una Ley de Descentralización desde 2009, pero su ejecución no ha producido la autonomía fiscal que promete. Las transferencias dependen del nivel central y las competencias locales rara vez llegan acompañadas del financiamiento necesario.
Colón revela el extremo de esa contradicción. Su territorio sostiene actividades estratégicas —puertos, ferrocarril, Zona Libre— cuyos dividendos alimentan al país, pero no fortalecen la ciudad que los hace posibles. ¿Cómo puede un municipio planificar su desarrollo si su presupuesto no guarda relación con el peso económico que soporta?
El debate ya no es solo si se cumple o no una ley. El verdadero desafío es revisar cómo asignamos los recursos públicos y si queremos un país que se construya desde sus territorios o a pesar de ellos.
