El presidente José Raúl Mulino tiene ante sí una decisión que pondrá a prueba su compromiso con la justicia y la institucionalidad. Quien se dice honesto y defensor de la lucha contra la corrupción —y que varias veces nos ha recordado su participación en la Cruzada Civilista— no puede permitir que prospere una ley que abre la puerta a la impunidad.
El proyecto 174, aprobado por la Asamblea Nacional, pretende que el perdón de la víctima extinga la pena incluso en delitos perseguidos de oficio, una contradicción que vulnera la Constitución y traslada al ámbito privado el poder sancionador del Estado.
No es la primera vez que el Ejecutivo se distancia de la lucha anticorrupción: ya retiró su respaldo a las iniciativas del procurador general. Pero ahora tiene la oportunidad de corregir el rumbo. Vetar esta norma no es un gesto político, sino un acto de coherencia ética y responsabilidad republicana.