Cuando se habla de recortes a la planilla estatal o de reformas estructurales para aliviar el gasto público, pareciera que los ministros de Economía -Héctor Alexander en su momento, y actualmente, Felipe Chapman- han consultado una misma obra sobre ineficiencia administrativa.
Ahora, hasta el presidente de la República se hace eco: las llamadas leyes especiales han “congelado” buena parte del presupuesto nacional. Estas normas, creadas para sectores específicos, garantizan aumentos automáticos, fueros laborales, jubilaciones especiales y otros beneficios que limitan la capacidad del Estado para ajustar su estructura y contribuyen a la creciente desigualdad social.
El ministro actual ha reconocido que su equipo trabaja en un “inventario larguísimo” de estas leyes, pero ninguna iniciativa concreta ha sido presentada a la Asamblea Nacional. Mientras, la planilla sigue creciendo y cada vez más recursos del país se dedican al sostenimiento de una burocracia excesiva y se destina menos a la inversión y la atención de los servicios esenciales.
Las palabras del propio presidente indican que el 2026 será un año de transformaciones, pero hasta ahora, el Estado continúa atrapado en la espiral de sus propios privilegios, incapaz de modificar lo que todos admiten que es insostenible.
