Reducir el cuasi monopolio que tiene la Contraloría General sobre las auditorías no solo es sensato, es necesario. Durante años, sus informes han sido la pieza madre de cualquier investigación judicial relacionada con el uso de recursos públicos: sin ellos, ningún caso avanza. En los tribunales, el sello del CPA de la Contraloría adquiere un valor casi sagrado, lo que otorga a esa entidad un poder desmedido y limita la posibilidad de que otras instancias técnicas puedan aportar con independencia.
Por eso, la propuesta del procurador general para permitir auditorías externas acreditadas tiene lógica y representa un paso concreto hacia la transparencia. Resulta preocupante que el presidente José Raúl Mulino haya decidido retirar su respaldo político a la iniciativa. Con esa decisión, no solo debilita una herramienta anticorrupción clave, sino que ofrece una justificación a quienes en la Asamblea bloquean reformas para combatir la corrupción, muchas veces con argumentos personalísimos y no institucionales.
En un país donde la impunidad avanza gracias a vacíos legales y controles ineficaces, frenar reformas sensatas es un error grave con consecuencias profundas que nos deja a expensas de la voluntad del contralor de turno.
