El proceso de ratificación de dos nuevos magistrados llega en un momento decisivo para el país: la justicia necesita recuperar la confianza perdida. Los últimos meses dejaron heridas visibles en la percepción ciudadana, tras aumentos salariales y propuestas que transmitieron la idea de un poder desconectado de la realidad nacional.
Panamá requiere jueces conscientes de que su legitimidad no se mide por su rango, sino por su capacidad de actuar con independencia, sobriedad y sentido ético. Las instituciones solo se fortalecen cuando sus integrantes asumen que el servicio público implica responsabilidad y ejemplo.
Cada designación judicial es una oportunidad para empezar de nuevo, para demostrar que la justicia no es un privilegio, sino un deber que exige rendición de cuentas. Recuperar la confianza no será tarea de un día: requerirá fallos coherentes, gestión transparente y un compromiso real con el ciudadano.
Si este proceso sirve para iniciar esa reconstrucción moral, el país habrá ganado más que dos magistrados: habrá dado un paso hacia una justicia verdaderamente digna de respeto.
