Si las denuncias sobre el uso del cuartito en la Comisión de Presupuesto tienen fundamento, Panamá estaría retrocediendo gravemente en transparencia. Ese espacio —históricamente asociado con negociaciones fuera de cámaras y presiones indebidas— no puede reaparecer en un país que exige controles claros y decisiones públicas.
Y hay un punto esencial: en el Órgano del Estado integrado por representantes de toda la ciudadanía, no es posible permitir actos de opacidad como el cuartito. Eso es burlarse de todos los panameños. No es una práctica menor; es un golpe directo a la confianza republicana.
Los traslados de partida determinan cómo se distribuye el dinero del Estado. Cuando estas decisiones se discuten en espacios informales, surge una inquietud legítima: ¿se premia a los leales con fondos públicos?, ¿se condicionan obras según conveniencias políticas?, ¿se consolida el clientelismo que el país dice querer superar? La transparencia no admite atajos.
Cada cifra y cada decisión deben exponerse de cara al país. Panamá necesita procesos públicos, funcionarios responsables y una cultura política que entienda que el dinero público solo se maneja públicamente.
