El 16 de mayo de 2023, La Prensa destapó uno de los escándalos más indignantes de los últimos años: al menos $200 millones distribuidos a dedo a juntas comunales, fuera del marco legal de la descentralización.
De ese monto, $119 millones fueron dirigidos a juntas del PRD en plena campaña electoral. Un desfalco descarado que le robó al país oportunidades de desarrollo, sobre todo a las comunidades más pobres.
Hoy, a más de dos años, empiezan a surgir algunas investigaciones, auditorías y detenciones. Pero los verdaderos artífices del latrocinio —los que diseñaron y se beneficiaron de este esquema desde las alturas del poder— siguen intocables.
La ciudadanía exige justicia. No basta con cerrar cuentas o capacitar representantes. Se necesita voluntad política y firmeza institucional para llegar al fondo del entramado y recuperar cada centavo posible.
El mensaje debe ser claro: ningún cargo político da derecho a saquear el erario.
Es hora de que caigan los peces gordos. Sin justicia, no habrá descentralización digna.