La creación de la Unidad de Coordinación Legal bajo el Ministerio de Gobierno ha abierto un debate sobre la concentración de poder en el Ejecutivo. Mientras algunos la consideran necesaria para dar mayor eficiencia a las acciones penales del Estado frente a los delitos cometidos dentro de las propias instituciones, otros advierten que su estructura podría duplicar funciones de otros órganos de control y aumentar la burocracia.
Aunque este debate se cruza tangencialmente con la discusión sobre la comisión ad hoc para tramitar los proyectos anticorrupción, ambos reflejan una tensión más profunda: cómo garantizar eficacia institucional sin vulnerar los límites entre poderes.
El escaso avance en los procesos por delitos contra el Estado —principalmente de peculado— durante los últimos tres periodos justifica la creación de una instancia que impulse y acompañe esas causas. Sin embargo, su legitimidad depende del modo en que se establezca: debe tener un marco legal sólido, control político y transparencia en su operación. Panamá necesita fortalecer sus instituciones y resultados, sin sacrificar el equilibrio de poderes ni la rendición de cuentas.
