El proyecto de ley presentado por el diputado Luis Eduardo Camacho para declarar inapelables las sentencias absolutorias en primera instancia no puede analizarse aisladamente. Se trata de otra pieza dentro de una serie de iniciativas impulsadas por diputados de Realizando Metas que, más que fortalecer el sistema judicial, parecen orientadas a alterar las reglas en beneficio de actores específicos, entre ellos, el expresidente Ricardo Martinelli.
La propuesta legislativa golpea principios básicos del debido proceso, como la doble instancia y la igualdad entre las partes. Limitar la posibilidad de apelación del Ministerio Público no fortalece la justicia; más bien la debilita. Si las decisiones de primera instancia quedan prácticamente blindadas, se abre una peligrosa puerta a la impunidad.
Lo más preocupante es el patrón. El diputado Camacho no se distingue por promover reformas que fortalezcan la institucionalidad, sino por iniciativas que buscan mantener o ampliar espacios de impunidad. Esa lógica revela una preocupante incomprensión del Estado de Derecho y de los valores democráticos. Cuando las leyes se diseñan para proteger a individuos y no para garantizar justicia, no solo se distorsiona el sistema: se estremece la credibilidad misma de la justicia.
