El pago ilegal a los diputados suplentes es solo un síntoma de un mal mayor: la política entendida como un privilegio, no como un servicio. Algo parecido ocurre en embajadas, ministerios e incluso en instituciones supuestamente autónomas, donde no se viola la ley de forma directa, pero se perpetúa la misma lógica de complacencia y beneficio personal.
El fallo de la Corte Suprema que prohíbe remunerar a suplentes sigue siendo ignorado. Pero el problema no es solo solo jurídico, sino también moral. Hemos normalizado que las leyes se acomoden a conveniencia y que la lealtad política pese más que la honestidad institucional. Así, el Estado se convierte en una maquinaria que se alimenta a sí misma, no en un instrumento al servicio del ciudadano.
Mientras la política siga siendo una vía para asegurar privilegios, y no una vocación de servicio, los fallos se violarán, la impunidad se perpetuará y el país seguirá pagando la factura de una cultura pública que olvidó su razón de ser. Y no olvidemos que los ciudadanos también financiamos a los partidos políticos para formar cuadros con principios democráticos y educación cívica, no para sostener una clase dirigente que desprecia el sentido del servicio.
