La carta del 11 de junio, enviada por el agregado jurídico del FBI en Panamá al Procurador General, expone un posible caso de corrupción y extorsión de proporciones alarmantes. En ella, se señala a Odila Castillo, exfuncionaria de la Contraloría y ex socia de la actual secretaria general de la institución, quien, a través de su firma, presuntamente exigió pagos a empresarios para asegurar la emisión de contratos y la aprobación de pagos pendientes en agencias gubernamentales.
Este giro internacional pone en evidencia el impacto de prácticas de extorsión que socavan la confianza empresarial y la transparencia estatal. Además, resalta el pobre papel del Contralor, quien, al conocerse la noticia, en vez de investigar optó por defender a su exfuncionaria, mostrando una falta de compromiso con su deber de fiscalización y agravando la percepción de impunidad en el país.
Es momento de que las autoridades locales actúen con firmeza para erradicar estos abusos y restaurar la credibilidad de Panamá en la arena global.
