La Asamblea Nacional mantiene en su planilla a 146 choferes, más de dos por cada diputado. En un país con hospitales colapsados, escuelas deterioradas y comunidades sin agua potable, este derroche es una bofetada a la ciudadanía. ¿A quién transportan? ¿Qué funciones cumplen? Nadie lo sabe. Algunos cobran hasta $4,000 mensuales, el doble del promedio, sin justificación clara.
La planilla legislativa suma 4,000 funcionarios y cuesta más de $7 millones mensuales, mientras tuvimos en 2024 un déficit fiscal de 7.2% del PIB y grandes necesidades en infraestructura y servicios básicos.
La Contraloría, al exigir cobro por cheque, dio un paso correcto para identificar a quienes cobran sin trabajar. Pero no basta. El contralor Anel “Bolo” Flores debe ir más allá: publicar los hallazgos, identificar responsables y presentar denuncias. Ya basta de escándalos sin consecuencias. Si no hay castigo, el despilfarro seguirá siendo la norma.
